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El Gobierno aprueba un nuevo Decreto ley de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo

17 de junio de 2020

  • Se abrirá una línea de ayudas por valor de 1,4 millones de euros para fomentar la contratación de trabajadoras de los cuidados en situación de irregularidad.
  • Se destinarán 1,25 millones de euros a la prestación de primera acogida para ampliar la actividad formativa de personas migradas.

El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo Decreto ley que incluye medidas que afectan al ámbito social, tributario y administrativo y que complementan otras aprobadas por el Gobierno anteriormente con el objetivo de paliar los efectos desfavorables que ha ocasionado la pandemia del coronavirus.

Dentro del ámbito social, la norma aprobada hoy incluye un paquete de medidas de apoyo a las trabajadoras de los cuidados y el hogar, un colectivo caracterizado por la situación de irregularidad administrativa y que a menudo se ve abocado a trabajar en el economía sumergida. Entre estas medidas destaca una línea de ayudas por valor de 1,4 millones de euros para fomentar la contratación de trabajadoras de los cuidados en situación de irregularidad. El importe de la ayuda será el equivalente a la contribución de la persona empleadora en impuestos y seguridad social, es decir, 2.685 euros si el contrato es por el salario mínimo interprofesional durante un año. Se podrán beneficiar las personas o entidades sin ánimo de lucro que ofrezcan un contrato para trabajar en el ámbito del hogar y de los cuidados, a tiempo completo y con remuneración igual o superior al salario mínimo interprofesional.

El Gobierno también destinará 200.000 euros al fomento del autoempleo y el trabajo cooperativo para acceder al arraigo, es decir, ayudas a la constitución de cooperativas entre trabajadoras de los cuidados que hagan contrataciones de regularización, así como a aquellas personas que regularicen su situación a través de un proyecto de autoempleo.

También se dedicarán 300.000 euros al apoyo jurídico y difusión del arraigo social como vía de contratación de personas actualmente en situación irregular, y 300.000 euros más en ayudas a la formación ocupacional para trabajadoras de los cuidados que les permita acceder a estas ofertas de contratos y su regularización.

Por otra parte, también se prevé otra línea de ayudas enfocada al apoyo educativo a las familias de origen inmigrante: para redes de apoyo social en el aprendizaje (200.000 euros), ayudas a la formación a familias inmigrantes para el apoyo educativo (430.000 euros) y un plan piloto de formación en programación TIC (100.000 euros).

Dentro del paquete de medidas presentado también hay nuevos recursos para ampliar la actividad formativa del servicio de primera acogida de personas migradas (conocimientos de catalán, de la sociedad catalana y del mundo del trabajo), que es condición necesaria para los procesos de arraigo social que dan lugar a la regularización administrativa, además de potenciar la formación en línea.

Concretamente, se destinarán 1,25 millones de euros a la prestación del servicio de primera acogida en formatos presenciales y no presenciales, y 100.000 euros a la prestación de cursos de alfabetización en línea.

El Gobierno también ha aprobado destinar 500.000 euros a fomentar que empresas y organizaciones elaboren e implementen planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El presupuesto incluye la convocatoria de ayudas por valor de 450.000 euros, además de una partida de 50.000 euros para asesoramiento técnico y difusión.

Los planes de igualdad deberán elaborarse con las herramientas creadas por la Dirección General de Igualdad y deberán incluir diagnóstico, plan de acción, calendario de ejecución, persona responsable, recursos y evaluación. También deberán disponer de un procedimiento o protocolo específico, negociado con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, para prevenir y abordar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. La Dirección General de Igualdad hará el acompañamiento y asesoramiento necesario a todas las empresas y organizaciones que tomen parte de este programa.

Medidas fiscales y administrativas

El Decreto también incluye una medida en el ámbito del canon del agua que complementa otras ya implementadas durante los últimos meses para paliar los efectos de la Covid-19, con el objetivo de dar respuesta a la situación de crisis económica en la que se encuentran muchas familias que pueden encontrar dificultades a la hora de hacer frente al pago de este tributo. En este sentido, la norma aprobada hoy flexibiliza el régimen de justificación de recibos de facturas de consumo de agua impagadas por parte de las entidades suministradoras.

Finalmente, el texto aprobado hoy ajusta los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 de las entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña para que la presentación de la Cuenta General de la Generalitat de este año se pueda hacer dentro del 2020 y no salte de ejercicio contable. Así, las entidades tendrán hasta el 1 de septiembre para presentar las cuentas y hasta el 1 de noviembre para aprobarlos. Posteriormente, la Intervención General deberá presentar la Cuenta General ante la Sindicatura de Cuentas el 1 de diciembre, como máximo. Y, por último, la flexibilización de las condiciones fijadas en las bases reguladoras de las subvenciones se amplía hasta el 30 de septiembre de 2020.

Este Decreto Ley, que se estructura en dos títulos, divididos en dos capítulos cada uno de ellos, veintidós dos artículos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el DOGC.

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